viernes, 26 de agosto de 2011

Problemas ambientales

PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE AMBIENTE, ECOLOGÍA Y AMAZONÍA PARA LA LEGISLATURA 1999-2000






CONSIDERACIONES GENERALES



A. Introducción



El deterioro de los suelos, la contaminación de las aguas y del aire, la inadecuada explotación agrícola y forestal, la desaparición de especies, la pobreza en que vive nuestra población, son algunos de los problemas que enfrenta nuestra sociedad, por lo que se hace necesario fomentar conciencia sobre la importancia de la conservación ambiental y el manejo eficiente de los recursos naturales.

Los gobiernos juegan una función muy importante en la formulación de políticas que conlleven a una reducción de la contaminación y a la conservación de los recursos naturales y el ambiente. Cada día que pasa, las personas están más conscientes de la urgente necesidad de protegerlos. Incluso, algunas empresas han iniciado cambios en sus sistemas productivos con el claro objetivo de adecuarse a las exigencias que la sociedad les impone en materia ambiental, puesto que tendrían serias dificultades para asegurar su regular funcionamiento si no responden positivamente a dichas demandas.

Algunos plantean como solución a los problemas ambientales un absoluto rechazo a todo aquello que signifique industrialización, por lo cual significaría detener el crecimiento económico de los países. Sin embargo, dicha solución no parece ser la más acertada, pues ésta no sólo frena el crecimiento sino el desarrollo productivo de los pueblos y acentúa la pobreza, provocando, incluso, una mayor presión sobre el uso de los recursos naturales por parte de la gente de escasos medios de subsistencia. Otros, con quienes coincidimos, plantean que la solución a lo problemas ambientales pasa por la aplicación de tecnologías apropiadas y el establecimiento de un eficaz y eficiente marco jurídico, que conlleve al uso y aprovechamiento racional de los recursos naturales en la perspectiva del "desarrollo sostenible".

A pesar de que no existe una definición única, la concepción del "desarrollo sostenible" no es otro que el crecimiento económico con sustentabilidad ambiental y equidad social.

El crecimiento económico sin sustentabilidad ambiental y equidad social destruye y agota los recursos naturales, degrada el ambiente y la calidad de vida y genera procesos poco solidarios de distribución de la riqueza. El reconocimiento de esta situación por la conciencia mundial ha conducido a plantear el "desarrollo sostenible" como estilo o forma de desarrollo capaz de enfrentar exitosamente los problemas ambientales.

En ese sentido, propiciar un equilibrio entre el crecimiento socio–económico, la utilización de los recursos naturales y la conservación del ambiente, debe considerarse como uno de nuestros grandes objetivos nacionales.

El fin supremo de la sociedad y el Estado es el desarrollo humano, el crecimiento económico no es más que un medio. Los adelantos, a corto plazo, en materia de desarrollo humano son posibles, pero no serán sostenidos en el tiempo sin un mayor crecimiento económico. A su vez el crecimiento económico tampoco será sostenible sin desarrollo humano. Un desarrollo que perpetúe las desigualdades actuales no es sostenible ni vale la pena sostenerlo. Por tanto, se necesitan nuevos criterios para ampliar y mejorar las oportunidades de empleo a fin de posibilitar la participación de la sociedad en el crecimiento económico y se beneficie de él.

Los tiempos actuales exigen orientaciones prácticas y realistas en cuanto a la aplicación de estrategias de manejo y utilización de los recursos naturales. Nuestro planeta viene experimentando una gran presión, a niveles peligrosos, a consecuencia de prácticas extractivas y degradación de los recursos naturales y la contaminación del ambiente.

La Comisión de Ambiente, Ecología y Amazonía no está ajena a los requerimientos de estos tiempos, y siendo consciente del enorme potencial de nuestro país en materia de recursos naturales, paisajísticos y culturales, considera que, mediante el desarrollo de un adecuado marco jurídico–político, debemos dejar atrás cualquier actitud proteccionista limitante para asumir decididamente una actitud de promoción a la participación en el aprovechamiento racional y sostenible de nuestros recursos, la realización de trabajos de prevención, la colaboración y apoyo al fortalecimiento de las entidades ligadas al tema y la generación de conciencia nacional sobre la necesidad de proteger el medio ambiente como base del desarrollo sostenible, haciendo de éste un concepto real y aplicativo que permita generar un equilibrio entre el hombre y su ambiente.





B. El Perú: País Heterogéneo

Las características oceanográficas y continentales del territorio ofrecen condiciones ambientales complejas, determinadas por la interacción de las corrientes atmosféricas debida a la dinámica de los ciclones y anticiclones, las corrientes marinas, la Cordillera de los Andes, las cuencas hidrográficas del Pacífico, del Atlántico y del Lago Titicaca y los bosques tropicales húmedos.

Por ello, el Perú es considerado un país singularmente heterogéneo ya que cuenta con una gran Diversidad Ecológica (heterogeneidad geográfica), Diversidad Biológica (heterogeneidad de especies de flora y fauna, como zonas de vida y tipos de clima) y Diversidad Cultural (pluricultural, intercultural, multilingüe y multiétnica); con una oferta elevada de recursos biológicos, energéticos, minerales, paisajíticos y recreativo–turísticos.

Esta heterogeneidad nos permite contar con un inmenso potencial que aún no ha sido debidamente aprovechado para sustentar su desarrollo. Antes bien, muchos de nuestros recursos han sido expoliados, subutilizados y hasta depredados o destruidos.



Políticas Ambientales en el Perú
Hoy conocemos que si bien el hombre ha provocado el deterioro de los ecosistemas ambientales, a causa de estilos de desarrollo no apropiados, también es el único que los puede mitigar, desarrollando modos de producción con sustentabilidad ambiental y justicia distributiva, introduciendo reformas al Estado, incorporando normas para el comportamiento económico y diseñando técnicas para controlar los efectos contaminantes que deterioran el ambiente. Es decir, implementando un conjunto de transformaciones institucionales orientadas al logro del desarrollo sostenible.

La promulgación del Código del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales en setiembre de 1990; las normas sectoriales ambientales a partir de setiembre de 1993; la aprobación de la nueva Constitución Política en diciembre de 1993 (Título I, De la Persona y la Sociedad, Capítulo I, Derechos Fundamentales de la Persona, Art. 2º, Inc. 22; Título III, Régimen Económico, Capítulo II, del Ambiente y los Recursos Naturales, Arts. 66º al 69º); la creación del Consejo Nacional del Ambiente en diciembre de 1994; la conformación de la Comisión de Ambiente, Ecología y Amazonía del Congreso de la República en julio de 1996; la promulgación de la Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, la Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica, la Ley de Areas Naturales Protegidas, la Ley que Penaliza el Internamiento de Desechos Peligrosos o Tóxicos, la Ley que Modifica el Art. 19º del Decreto Ley 25902, Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura, que posibilita la creación del Centro Nacional de Ecoguardas, y otras leyes aprobadas durante la legislatura 1996–1997, además de las importantísimas normas que nuestra Comisión, en la Legislatura 1998-1999, logramos aprobar Leyes, como:



Ley Nº 27307, "Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía
Ley Nº 27104, "Ley de Prevención de Riesgos Derivados del Uso de la Biotecnología"
Ley Nº 27066, "Ley que solicita que la Contraloría General de la República, fiscalice la gestión supervisora de las autoridades sectoriales competentes sobre el cumplimiento de normas ambientales".


Estas normas evidencian significativos avances destinados a la formulación de una clara política ambiental en el Perú, además del gran logro de una ley amazónica que colabora al desarrollo de esta gran región del país.

Ello ocurre dentro de un programa económico que se sustenta en la reducción de las dimensiones del Estado, en el fomento de las inversiones, especialmente foráneas, en la privatización de empresas públicas, en la definición de políticas de libre mercado y reglas claras que garantizan la propiedad privada..

En este sentido, se trata de promover el uso sostenible de nuestros recursos naturales a través de un marco jurídico que permita a la actividad privada alcanzar una rentabilidad y, por ende, el crecimiento económico del país, sin menoscabar ni poner en peligro su uso para las generaciones futuras.



D. La Política Ambiental en el Perú: Situación Actual

En la formulación de la política ambiental nacional se ha dado énfasis, en la gran mayoría de casos, en la promulgación de nuevas leyes orientadas a controlar el proceso de deterioro ambiental y en regular las obligaciones de los ciudadanos y de los titulares de actividades productivas en su relación con el ambiente. El resultado ha sido una abundante y dispersa legislación, bajo nivel de acatamiento o cumplimiento y el efecto más dañino ha sido: escepticismo respecto a la norma jurídica y desconfianza en las entidades encargadas de su aplicación como mecanismo para resolver los problemas ambientales.

En el Perú, en este siglo, se han dictado más de 4700 normas legales con implicancia directa o indirecta en materia ambiental. De ellas, más de 800 han aparecido en los últimos cinco años. De modo que, si nos faltan más leyes, o tal vez mejores leyes, éstas deben ser más participativas. Basadas no solamente en la confianza de que la ley otorga la solución al problema, sino que viene acompañada con una respuesta de desarrollo, con una respuesta de gestión.



Por ello es que se debe impulsar un modelo de política ambiental que integre elementos básicos e indesligables que promuevan su eficacia y eficiencia. Algunos de estos elementos son:



Legislación que sea resultado de un profundo análisis de la realidad que se pretende regular y que parta de procesos de participación que promuevan consenso. Porque el marco legal otorga seguridad jurídica a las políticas de conservación y de inversión en el contexto de una economía integrada y globalizada. Para competir e insertarse en el proceso económico global no hay más remedio que tomar decisiones ambientales en base a reglas jurídicas claras, con énfasis en la promoción y estímulo, a fin de permitir la incorporación de normas técnicas de prevención ambiental a los procesos de producción de las empresas.


Las propuestas legislativas también deben establecer mecanismos procesales para la defensa del medio ambiente que faciliten al ciudadano común y corriente, el acceso a procesos administrativos o jurisdiccionales en defensa de su derecho a un ambiente saludable.


Institucionalidad sólida con funciones claramente identificadas e identificables, eliminando superposiciones y promoviendo mecanismos de coordinación intersectorial.


Participación ciudadana en la gestión ambiental. Hay algunos avances al respecto, como por ejemplo la audiencia pública previa a la aprobación de Estudios de Impacto Ambiental en el Sector Energía y Minas. Sin embargo, se requiere aún de mayores mecanismos que garanticen una adecuada participación ciudadana en la gestión ambiental.


Recursos financieros para la gestión ambiental que provengan no sólo del Tesoro Público sino de mecanismos creativos que garanticen el financiamiento a largo plazo y que permitan captar los recursos económicos hoy disponibles.




Resumen de los Problemas ambientales en el Perú


Acelerada destrucción de los bosques naturales de la Amazonía, en especial de la Ceja de Selva, por efecto de la agricultura migratoria y la extracción de madera. Se estima en 8,2 millones de Has. De continuar a ritmo anual de 261 mil Has. se espera que en el año 2000 se haya devastado otros 9,5 millones de Has., cifra que representa un total global de 12,65% del bosque de nuestra Amazonía.
Pérdida de la biodiversidad genética del bosque debido a la acelerada tasa de deforestación que perturba o elimina hábitats de especies de flora y fauna, destruye el paisaje y bellezas escénicas, sienta los inicios de la degeneración genética y eventual extinción de especies, con la irreparable pérdida para la humanidad de recursos futuros para la alimentación. Medicina y materiales diversos para la población. En las predicciones, para fin de siglo, de la desaparición y rarificación de la biodiversidad de las especies del bosque tropical, se estima que el país podría perder hasta el 40 por cierto de sus recursos genéticos, muchos de ellos indispensables para la agricultura, ganadería, forestería y farmacopea.





Brusca y dramática disminución de la reserva pesquera del ,mar peruano, debido a la sobrepesca de la anchoveta y sardina y de otras especies claves en la cadena alimenticia de la fauna marina. Aunada a ésta, se encuentra la creciente contaminación de las aguas marinas, debido a las descargas de desechos domésticos e industriales, relaves mineros, de hidrocarburos, derrames de petróleo y otros.
Aumento de la erosión o pérdida de los suelos, por efecto del agua o del viento, en tierras que no son usadas de acuerdo a su capacidad de uso mayor en la Costa, Sierra y Selva. En la Costa y la Sierra el 60 por ciento de los suelos están en proceso acelerado de deterioro por erosión y en la Selva, el 42 por ciento de la región amazónica peruana están afectados por niveles de erosión leve a muy serios.


Progresivo aumento de desertificación en todo el territorio nacional, por falta de medidas adecuadas de protección de suelos y de control de actividades de desarrollo agropecuario, forestal, industrial y urbano sobre suelos fértiles y productivos. En la Sierra, afecta a los pastizales naturales por la práctica del pastoreo en áreas de protección, el sobrepastoreo de éstas, la quema de pastizales como práctica de manejo y la falta de adopción de técnicas de manejo de pastos y de ganado apropiados.




Contaminación rural y urbana crecientes incidiendo no sólo en los recursos suelo y agua, sino también en la propia vida humana, de plantas y animales. Especialmente, el deterioro de la calidad de hábitat que afecta mayormente a la población de menores ingresos y a las zonas rurales alejadas.




Contaminación de los cursos de agua continentales por los relaves mineros, explotación petrolífera y descargas servidas sin tratamiento. Los relaves mineros más graves son ocasionados por la gran minería.


Contaminación atmosférica por la actividad industrial y minera, con carácter puntual sobre ciertas ciudades. Las ciudades más afectadas por la contaminación atmosférica son: Ilo, Chimbote, La Oroya, Lima y Callao.


Deforestación de bosques secos de algarrobos en la Costa Norte y en las lomas costeras. La explotación de los langostinos está afectando muy seriamente el bosque de mangle en Tumbes.


Aumento de la superficie de tierras por salinización debido al uso deficiente del agua, principalmente en los valles de la Costa. De 770 mil Has. cultivadas en los valles, el 40 por ciento (306 mil Has.) están afectadas en mayor o menor grado y en 150 mil Has. el grado de salinización es calificado de severo y muy severo.


Degradación de pastos alto–andinos debido a una ineficiente política de manejo de pasturas. Existen cerca de 20 millones de Has. de pastos y albergan casi el 90 por ciento de la población ganadera nacional. El desarrollo de la ganadería de camélidos sudamericanos no ha sido tomada en el nivel e importancia que merece este importante recurso de la fauna andina.


Aumento de la deforestación debido a la mayor incidencia de las actividades de tala selectiva e indiscriminada, con serias repercusiones sobre la calidad y cantidad del recurso agua. La expansión de la frontera agropecuaria a costa de la destrucción de las tierras de bosque tropical es una práctica constante que ejerce una fuerte presión en la transformación del bosque.




F. La Constitución Política del Perú y la Protección del Ambiente y los Recursos Naturales.

Hasta antes de la promulgación del Decreto Legislativo Nº 613, Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, promulgado el 07 de setiembre de 1990, con excepción del Art. 123º de la Constitución de 1979, que reconocía el derecho de todos a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado, la legislación ambiental estaba dispersa en leyes sectoriales, con diferentes enfoques y objetivos.

El Código tiene la virtud de integrar en una sola norma los principios rectores de la política ambiental e incorporar los derechos de los ciudadanos en cumplimiento del derecho constitucional a un ambiente sano.

La Constitución Política del Perú de 1993 introdujo algunos cambios en relación al tratamiento de la variable ambiental, respecto a la de 1979. Conviene resaltar algunas disposiciones que marcan una diferencia en su concepción, así tenemos por ejemplo el reconocimiento del derecho fundamental de toda persona a gozar de un ambiente sano, limpio y adecuado. Ello permite, a diferencia de la anterior Constitución, una posibilidad de accionar judicialmente, a través de la acción de amparo, en defensa del medio ambiente, al quedar claramente reconocido como derecho fundamental de las personas.



"Título I

De la Persona y la Sociedad



Capítulo I



Derechos Fundamentales de la Persona



Artículo 2º.- Toda persona tiene derecho:



Inc. 22) A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida".



"Título III

Del Régimen Económico



Capítulo II



Del Ambiente y los Recursos Naturales



Artículo 66º.- Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento.

Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.



Artículo 67º.- El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales.



Artículo 68º.- El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas.



Artículo 69º.- El Estado promueve el desarrollo sostenible de la amazonía con una legislación adecuada".



Una de las grandes novedades que introdujo la Constitución de 1993 es la obligación que asume el Estado para promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas.



Existen otros artículos constitucionales que sin estar referidos expresamente al capítulo del ambiente y recursos naturales tienen alguna vinculación con ellos, como por ejemplo, los artículos referidos al derechos de propiedad. Sin embargo, no se reconocen limitaciones al derecho de propiedad por razones de protección ambiental o conservación de recursos naturales.





OBJETIVOS DE LA COMISIÓN
El trabajo de la Comisión estará orientado a dictar normas referentes a promover la protección, conservación y uso sostenible de nuestros recursos naturales, iniciativas para prever la contaminación ambiental (suelo–aire– agua) y lograr el crecimiento económico del país, sin menoscabar ni poner en peligro su uso para generaciones futuras.



Objetivos:



Dictaminar las iniciativas legislativas que sean remitidas a la Comisión.


Fiscalizar el cumplimiento de la normatividad ambiental y contribuir a la protección del ambiente.


Proponer Proyectos de Ley y desarrollar el marco jurídico que propicien y regulen el uso, protección y manejo de nuestros recursos naturales.


Mantener una estrecha coordinación con todos los organismos, sectores e instituciones involucrados en el tema ambiental.


Promover el desarrollo de la educación científica y tecnológica relativa a las ciencias ecológicas en el país.


Promover la educación ambiental para la formación de una conciencia nacional sobre la necesidad de proteger el ambiente como base del desarrollo sostenible.


Participar en la búsqueda de la paz y la justicia social, especialmente en lo que se refiere a relaciones de género, interétnicas e intergeneracionales, componentes indispensables para un desarrollo ambiental sostenible.


Promover y defender los conocimientos tradicionales sobre la naturaleza y los recursos naturales, para integrarlos a la ciencia nacional y a la comprensión popular del ambiente.


Promover y desarrollar un pensamiento ambientalista que propicie una relación de igualdad y equidad, basada en el conocimiento, el respeto a las personas, recursos naturales y leyes para un desarrollo sostenible en beneficio de las generaciones actuales y futuras.


Difundir los logros de la Ley Nº 27307, "Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía", en las ciudades más importantes del país.


Promover la participación ciudadana mediante sesiones descentralizadas, audiencias públicas en las ciudades más importantes del país y poblaciones como mayores problemas de contaminación ambiental.


Fiscalizar el control de los niveles de contaminación atmosférica en distintos puntos de las ciudades principales del país.


Analizar y fiscalizar los canjes por deuda externa a cambio de inversión en conservación de naturaleza y medio ambiente.


Solicitar información sobre los bienes peruanos inscritos en la Lista de Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad de la UNESCO y sus respectivos planes de manejo.


Invitar a las instituciones que participaron en la elaboración del Plan Maestro del Santuario Histórico de Machu Picchu y solicitar el estudio de impacto ambiental respectivo.


Solicitar información sobre el presupuesto público de áreas naturales protegidas, así como el estado y la política de conservación de las mismas.


Revisar las normas del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales para determinar y establecer zonas de reserva turística, con el fin de evitar contradicciones con otros usos (desarrollo de áreas urbanas, áreas agrícolas o industriales y áreas naturales protegidas.


Solicitar información sobre los planes que viene coordinando el Poder Ejecutivo para la organización del Año Internacional de las Montañas, programado por las Naciones Unidas (ONU) para el 2002.


Estudiar la situación sobre el problema existente en las propiedades inmuebles de las poblaciones indígenas en la zona de selva, en relación a la política de acceso a la propiedad por denuncios y declaraciones de abandono de tierras.


Coordinar con los organismos correspondientes sobre las políticas de manejo de material genético y los derechos de las poblaciones indígenas sobre especies ancestralmente manejadas.


Solicitar información sobre el manejo de bosques maderables y su progresiva adecuación a las normas técnicas internacionales sobre bosques sostenibles, en especial al Protocolo de Kyoto, a la Convención de Cambios Climáticos y al avance del proceso de reforestación.


Coordinar la previsión de una política de administración de camélidos, en especial de la alpaca y la llama.

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